Sánchez secará la ‘huerta de Europa’ si culmina sus planes para reducir el trasvase Tajo-Segura

Los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para reducir el trasvase de agua del río Tajo al Segura con la excusa de querer incrementar el caudal «ecológico» del Tajo pone en riesgo la actividad agrícola de Murcia, Alicante y Almería, la denominada ‘huerta de Europa’.

Estas tres provincias cosechan el 70 % de las verduras y el 25 % de las frutas que exporta España a todo el mundo, gracias al sistema de abastecimiento hidráulico de este trasvase que ha transformado eriales desérticos en vergeles y abastece a 2,5 millones de habitantes y a 55 millones de árboles.

Se trata de uno de los 40 trasvases que existen en España y que en 2018 Sánchez se comprometió a cerrar para apostar por las desaladoras. Una promesa que no cayó en saco roto y que ahora trata de ejecutar, poco a poco, empezando por modificar las reglas de exportación del trasvase Tajo-Segura.

El ministerio de Transición Ecológica, con la ministra Teresa Ribera a la cabeza, pretende disminuir el volumen a desembalsar del Tajo al Segura para incrementar los caudales ecológicos del Tajo, lo que quiere decir articular por ley que el volumen de agua que deben circular por ciertos tramos del río sea superior al actual, lo que conllevaría que hubiera menos agua almacenada en la cabecera y, por lo tanto, menos agua para enviar al Segura.

Un plan contra el que se han unido las tres comunidades autónomas afectadas, Valencia, Murcia y Andalucía, que han forjado un frente común para que el ministerio deje de generar tensiones entre las regiones y permita que el agua llegue a todos los rincones del país.

Las comunidades piden que el Gobierno las reúna para evaluar la situación y aportar soluciones. Entre ellas, proponen invertir en depuración para así eliminar la contaminación en origen para solucionar el problema de la contaminación en el Tajo.

Este río, aguas arriba de Aranjuez, goza de buena salud, pero aguas abajo el volumen del río se incrementa y la calidad empeora debido a la cantidad de agua contaminada que se vierte al río por parte de los municipios que no tienen estaciones depuradoras de aguas residuales o su funcionamiento es deficiente.

El ministerio de Ribera considera que incrementando el volumen de agua por el río será capaz de diluir la contaminación y, por tanto, de mejorar la salud del río de forma natural.

Sin embargo, el Gobierno de Murcia considera que también existen razones políticas de fondo en esta cuestión y que lo que realmente quiere Sánchez es «castigar» al levante y contentar a Castilla-La Mancha porque cree que así podrá sacar rédito político.

Además, considera que Castilla la Mancha quiere tapar su «dejadez» en inversión en depuración y en no haber ejecutado infraestructuras para poder distribuir el agua de manera adecuada por su región con la «falacia» de que cerrando el trasvase podrá disponer de más agua para regadío. Un argumento que los murcianos tachan de «falso» porque opinan que para eso lo que debe hacer el Ejecutivo de Emiliano García-Page es «invertir en depuración y en infraestructuras».

Las regiones beneficiarias del trasvase defienden que los regantes pagan por ese agua y que el levante lleva pagado a las comunidades de procedencia del trasvase más de 400 millones de euros desde 1979, año que el que esta infraestructura, diseñada en la II República y ejecutada durante la época franquista, comenzó a funcionar.

El régimen de funcionamiento del trasvase viene fijado en la Ley de Memorándum, aprobada por el Consejo de Ministros en 2014, y que establece qué volumen de agua se puede enviar del Tajo al Segura en función del volumen que haya almacenado en la cabecera.

Los regantes, que pagan por ese agua en tres partes, amortización de la infraestructura, gastos de funcionamiento y gastos variables del funcionamiento, reciben de media 200 hectómetros cúbicos, mientras que el agua que llega al océano Atlántico por su desembocadura en algunos años supera los 7000 hectómetros cúbicos.